El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 390 el 21 de mayo de 2026, con el cual reformó artículos del Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos. La medida busca asegurar el abastecimiento de combustibles a las centrales termoeléctricas públicas, mixtas o estatales, en medio de emergencias energéticas como la salida temporal de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Cambios principales
- Petroecuador deberá proveer derivados de hidrocarburos en refinerías, terminales o depósitos a las centrales de generación térmica estatales, según disponibilidad y conforme a los programas de despacho del sistema eléctrico.
- Se aclaró que las centrales privadas se regirán por los precios establecidos en el segmento industrial.
- Se sustituyó la disposición general décima tercera del Decreto 308, obligando al operador del sistema eléctrico a notificar mensualmente a Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos la lista de centrales habilitadas.
- Se incluyó una disposición transitoria que permite a la ARCH emitir permisos emergentes de abastecimiento de combustible a centrales privadas por 30 días.
Impacto en precios
El analista energético Fernando Salinas calificó la reforma como “una medida de emergencia” que reduce el costo del diésel eléctrico de $1 a $0,80 por galón, y del fuel oil de $0,70–$0,80 a $0,48–$0,62 por galón. Según explicó, la decisión busca abaratar la generación térmica y evitar racionamientos, aunque implica un nuevo subsidio que afecta las finanzas públicas.
“El decreto pretende garantizar el servicio eléctrico hoy, pero la verdadera seguridad energética vendrá de una matriz energética que garantice una menor huella de carbono, una mayor participación de renovables y un servicio eléctrico asequible a la ciudadanía”, señaló.
Transición energética y riesgos
Salinas advirtió que Ecuador debe procurar un balance entre generación renovable (hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa) y no renovable (dependiente de hidrocarburos), para evitar una dependencia que incremente subsidios y desgaste las finanzas del sector eléctrico.
La reforma, aunque representa un alivio inmediato para la continuidad del servicio eléctrico, abre el debate sobre la sostenibilidad de la política energética y la necesidad de avanzar hacia una transición justa y equilibrada.
