El Gobierno ecuatoriano dio un nuevo paso dentro de las investigaciones vinculadas al caso Progen. Este miércoles, la Secretaría General de Integridad Pública informó que solicitó la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para analizar la actuación de empresas relacionadas con los contratos de generación eléctrica firmados durante la emergencia energética.
La entidad explicó que el pedido busca fortalecer el intercambio de información y ampliar las herramientas de cooperación internacional que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos que actualmente se investigan.
La gestión está dirigida a compañías constituidas en territorio estadounidense que aparecen mencionadas dentro de las indagaciones impulsadas por el Estado ecuatoriano. Entre ellas constan Progen Industries LLC y Astrobryxa LLC.
Cooperación internacional
Según la Secretaría General de Integridad Pública, la solicitud plantea la aplicación de mecanismos legales vigentes en Estados Unidos para investigar posibles actos irregulares que pudieran estar relacionados con las operaciones de estas empresas.
La institución considera que la colaboración entre ambos países podría aportar información relevante para determinar responsabilidades y conocer con mayor detalle el destino de recursos vinculados a los contratos bajo análisis.
Además, señaló que el objetivo es fortalecer las acciones que actualmente desarrollan las autoridades ecuatorianas en torno a este caso.
Investigaciones continúan
El anuncio se conoció pocas horas después de que el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, informara sobre nuevos hallazgos en las investigaciones financieras relacionadas con Progen.
De acuerdo con el funcionario, el seguimiento realizado a los movimientos de dinero permitió identificar a personas y empresas que habrían recibido recursos derivados de los contratos suscritos para proyectos de generación eléctrica.
Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información sobre los contratos adjudicados durante la crisis energética de 2024. El caso también es analizado en otras instancias judiciales y administrativas con el fin de determinar posibles responsabilidades y establecer el destino de los recursos involucrados.
