La Fiscalía General del Estado solicitó al tribunal que declare la culpabilidad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de otros procesados dentro del denominado caso Triple A. Según el alegato final de la entidad acusadora, durante el juicio se demostró la existencia de una red dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos en distintos segmentos del mercado.
La tesis fiscal sostiene que las personas naturales y jurídicas investigadas habrían intervenido de manera directa en la gestión, coordinación, declaración, pago y aprovechamiento económico de operaciones relacionadas con combustibles subsidiados. Dichos beneficios, recalca la Fiscalía, provenían de un subsidio estatal destinado a favorecer a la población ecuatoriana y no a grupos empresariales particulares.
Con esta petición de pena máxima, el proceso judicial entra en una etapa decisiva que marcará el futuro político y legal de Álvarez y de los demás implicados. El tribunal deberá valorar las pruebas presentadas y emitir un fallo en los próximos días.
