Un nuevo manual técnico busca fortalecer la atención de emergencia frente a casos de intento de suicidio y situaciones de crisis emocional en Ecuador. El documento, de 93 páginas, fue presentado el 23 de julio de 2026 y suscrito por siete instituciones del Estado, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud Pública, con el propósito de unificar los procedimientos de los equipos de primera respuesta.
La guía establece protocolos y herramientas prácticas para la intervención inicial, entre ellas la aplicación de primeros auxilios psicológicos, estrategias de comunicación, técnicas de persuasión y contención física, además de criterios para la derivación oportuna hacia servicios especializados de salud.
Entre sus principales recomendaciones se plantea mantener la calma para transmitir seguridad, evaluar el entorno antes de intervenir, establecer una comunicación respetuosa con la persona en crisis y brindar apoyo emocional desde la empatía y la comprensión. También se sugiere evitar confrontaciones, utilizar preguntas abiertas y facilitar información sobre alternativas de ayuda profesional.
El documento responde a una problemática que continúa siendo un desafío de salud pública. Datos oficiales señalan que en Ecuador más de 1.000 personas mueren por suicidio cada año; entre 2020 y 2023 se registraron 4.689 fallecimientos, con mayor incidencia en hombres adultos mayores y mujeres adolescentes.
Las autoridades destacan que la intervención oportuna de policías, bomberos, paramédicos y ciudadanos ha permitido evitar numerosos desenlaces fatales, por lo que contar con procedimientos claros resulta fundamental para actuar de manera adecuada ante estas emergencias.
Como parte de la implementación, las instituciones que suscribieron el manual deberán capacitar y socializar su contenido en un plazo de nueve meses. Además, la Policía Nacional tendrá 180 días para desarrollar protocolos interinstitucionales destinados a escenarios en los que la persona involucrada esté armada o represente un riesgo para los equipos de intervención.
Con esta herramienta, el Estado busca mejorar la coordinación entre las instituciones de respuesta, fortalecer la atención basada en evidencia y brindar una intervención más efectiva para proteger la vida de las personas que atraviesan situaciones de crisis.
