El presidente Daniel Noboa firmó este lunes el Decreto Ejecutivo 387, que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, con el objetivo de priorizar inversiones en tecnología, innovación y servicios digitales dentro del régimen de zonas francas.
La medida busca posicionar al país como un hub regional de exportación de servicios tecnológicos y fortalecer la economía del conocimiento, nueve meses después del anuncio de la primera zona franca tecnológica en Cuenca.
Alcance de la reforma
El Decreto 387 modifica disposiciones del reglamento vigente desde diciembre de 2023 y crea espacios específicos para actividades de ciberseguridad, procesamiento y transmisión de datos, sistemas de información e investigación científica y tecnológica. Entre los sectores autorizados figuran la inteligencia artificial (IA), Blockchain, software y servicios en la nube, fintech, biotecnología, nanotecnología, animación digital y videojuegos.
Flexibilidad laboral y operativa
La norma incorpora modalidades de teletrabajo y trabajo híbrido, con un mínimo de 51% de presencialidad mensual, ajustable mediante informes técnicos. También permite la entrada y salida libre de equipos tecnológicos portátiles —como laptops, celulares y discos duros— sin pago de tributos, siempre que se registren automáticamente y se usen exclusivamente para actividades de la zona franca.
Nuevos criterios para zonas tecnológicas
El decreto adapta los requisitos tradicionales de infraestructura, permitiendo cerramientos electrónicos o digitales en entornos urbanos y exigiendo la generación de empleo neto nuevo. El Consejo de Atracción de Inversiones (CEPAI) verificará que las contrataciones correspondan a nuevos puestos y no a traslados de nóminas existentes.
Objetivos estratégicos
La reforma se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para impulsar sectores de alto valor agregado y frenar la fuga de talento tecnológico. El Gobierno busca atraer empresas globales de software, animación, fintech y biotecnología mediante beneficios aduaneros y tributarios especiales. La norma entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.
Con esta decisión, Ecuador da un paso firme hacia la modernización de su marco productivo y la consolidación de un ecosistema digital competitivo en la región.
