Ecuador dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado con la aprobación de la nueva Ley de Extradición, impulsada por el bloque legislativo ADN. La normativa reemplaza un marco legal que no había sido reformado desde el año 2000, adaptándose a las nuevas dinámicas del narcotráfico y las mafias internacionales.
La reforma responde a una necesidad urgente: los grupos criminales han evolucionado en sus métodos y estructuras, y el Estado ecuatoriano busca cerrar espacios de impunidad. Con esta ley, se fortalece la cooperación internacional y se agilizan los procesos judiciales contra quienes intenten evadir la justicia.
ADN destacó que la iniciativa refleja su compromiso con la seguridad ciudadana y la defensa de las familias ecuatorianas. “No se negocia con las mafias”, fue el mensaje central de la bancada, que subrayó la importancia de blindar al país frente a amenazas externas e internas.
La aprobación de la ley también envía una señal política clara: Ecuador no tolerará la protección de criminales ni la manipulación de vacíos legales. La extradición se convierte en una herramienta clave para enfrentar delitos transnacionales y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
Expertos en seguridad consideran que la medida puede marcar un antes y un después en la política criminal del país, siempre que se acompañe de un fortalecimiento institucional y de la cooperación con organismos internacionales.
