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Condenan a 10 años de prisión al serbio Jezdimir Srdan por el delito de lavado de activos en Ecuador

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado sentenció a 10 años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan por el delito de lavado de activos en Ecuador. La decisión fue reducida a escrito este miércoles y adoptada por mayoría de votos de los jueces Serrano y Fierro, según informó […]

Condenan a 10 años de prisión al serbio Jezdimir Srdan por el delito de lavado de activos en Ecuador
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El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado sentenció a 10 años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan por el delito de lavado de activos en Ecuador. La decisión fue reducida a escrito este miércoles y adoptada por mayoría de votos de los jueces Serrano y Fierro, según informó el Consejo de la Judicatura en comunicado oficial.

Contexto y garantías institucionales

La sentencia se emitió después de que el Consejo de la Judicatura otorgara garantías de seguridad al tribunal, tras denuncias de amenazas directas por parte del hoy sentenciado. “Una vez que se brindaron las garantías necesarias al tribunal que habría recibido amenazas del hoy sentenciado, se formalizó la resolución”, detalla el comunicado.

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Medidas adicionales impuestas

La condena no se limita a la pena privativa de libertad. El tribunal dispuso:

  • Disolución y liquidación de tres empresas vinculadas al caso:
    • Vivo Pro Vobis S.A.
    • Servi Seguridad Serviseg Cía. Ltda.
    • Boncamarao S.A.
  • Multa accesoria económica: equivalente al triple del monto lavado en la estructura investigada.
  • Confiscación de todos los bienes adquiridos con recursos ilícitos.

Otras personas sancionadas

El fallo también condena a cuatro personas naturales dentro del mismo proceso penal (identidades reservadas por normativa mientras avanza la ejecución). La sentencia busca afectar directamente la capacidad económica de la red criminal.

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Importancia del caso

El proceso forma parte de la lucha contra el lavado de activos y las estructuras transnacionales que utilizan empresas fachada para legitimar dinero ilícito. La intervención del Consejo de la Judicatura fue clave para proteger la independencia judicial y permitir que el tribunal emitiera la resolución sin presiones externas.

El caso sigue abierto para la ejecución de las penas económicas y la recuperación de activos. La Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) continúan las investigaciones para identificar posibles vínculos adicionales y otros beneficiarios.

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