En modalidad virtual, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional avocó conocimiento del proceso de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, y sus posibles implicaciones para la seguridad ciudadana y la protección de información estratégica.
El presidente encargado de la comisión, Andrés Castillo, anunció que desde mañana se iniciarán las convocatorias correspondientes dentro del plazo de 60 días, en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno legislativo.
Como segundo punto, la mesa continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocida como “Ley Antimafias”.
Observaciones recibidas
- Defensoría Pública: Juan Carlos Merizalde destacó la importancia de garantizar debido proceso y seguridad jurídica. Señaló dificultades procesales por la imposibilidad de patrocinar a personas jurídicas y recomendó fortalecer la motivación en delitos hidrocarburíferos. Informó además sobre la creación de una oficina especializada en delitos de corrupción y crimen organizado.
- Secretaría Jurídica de la Presidencia: Vanessa Cárdenas respaldó la iniciativa, resaltando la graduación de penas, sanciones para personas jurídicas y reformas en administración de bienes y recuperación de activos.
- Expertos en criminología: Katherine Herrera consideró acertado el diagnóstico sobre el crimen organizado. Destacó avances como la creación del delito autónomo de pertenencia a organización criminal, la tipificación del reclutamiento ilícito y medidas para afectar el patrimonio de las estructuras delictivas. Subrayó la necesidad de fortalecer capacidades investigativas, cooperación internacional e intercambio de inteligencia.
La comisión continuará receptando aportes técnicos y observaciones como parte del proceso de construcción de una normativa orientada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El debate refleja la tensión entre garantizar derechos constitucionales y dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentar economías criminales y estructuras mafiosas.
