La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continuó el tratamiento de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), analizando propuestas relacionadas con sanciones por infracciones de tránsito y extorsión en contratos públicos y manejo de recursos estatales.
En materia de tránsito, la asambleísta Josebeth Jaramillo presentó su iniciativa, recordando el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 76 numeral 6 de la Constitución. Propuso que la reducción de puntos en la licencia de conducir se aplique únicamente a la categoría del vehículo con la que se cometió la infracción, y no de forma general como ocurre actualmente. Para ello, sugirió reformas tanto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como al COIP.
En otro eje, el experto en compras públicas Paúl Vázquez presentó observaciones sobre la tipificación y sanción del delito de extorsión en contratos públicos. El texto propuesto para el artículo 185.2 del COIP establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Vázquez recomendó precisar que la norma se aplique solo cuando exista adjudicación o se haya iniciado la fase contractual, dada la amplitud de la definición de sujeto activo.
Previo a estas comparecencias, la comisión resolvió unificar la propuesta de la asambleísta Jaramillo con el Proyecto de Reforma Integral al COIP.
