Durante los últimos cinco años, las cárceles se convirtieron en uno de los principales focos de la crisis de seguridad en Ecuador. Masacres, motines, fugas y el dominio de pabellones por parte de organizaciones criminales evidenciaron la pérdida de control dentro de los Centros de Privación de Libertad (CPL).
Ante este escenario, el Estado recurrió a la intervención permanente de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios como una medida extraordinaria para recuperar el orden. Sin embargo, el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029 plantea una transformación progresiva del modelo, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad penitenciaria y devolver el control operativo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
Entre los principales cambios previstos se establece que todos los CPL serán considerados infraestructura estratégica del Estado, con un régimen especial de protección. Además, se contempla una reforma institucional del SNAI mediante la modernización tecnológica, actualización normativa y la creación de un plan de carrera para el personal de vigilancia penitenciaria.
Uno de los puntos centrales del plan es la transición gradual de las funciones militares en las cárceles. Desde 2027, las Fuerzas Armadas dejarían de cumplir tareas extraordinarias dentro del sistema penitenciario, mientras el SNAI asumiría nuevamente el control operativo con mayores capacidades institucionales.
El documento también incorpora herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, drones, sistemas satelitales y mecanismos de ciberseguridad para identificar y combatir las estructuras criminales que operan desde los centros de privación de libertad.
Un sistema penitenciario bajo presión
El diagnóstico incluido en el PNSI revela que hasta julio de 2025 la población penitenciaria alcanzaba las 34.612 personas privadas de libertad, con un nivel de hacinamiento del 29,06 %. La violencia, las limitaciones institucionales y la falta de gobernabilidad continúan siendo los principales desafíos del sistema.
Aunque las muertes violentas dentro de las cárceles mostraron una reducción entre 2021 y 2024, durante 2025 se registró nuevamente un incremento, evidenciando que la crisis aún requiere medidas estructurales.
Expertos como Renato Rivera señalan que la incorporación de tecnología puede fortalecer las capacidades de control y vigilancia, pero no reemplaza las reformas institucionales necesarias para recuperar la gobernabilidad penitenciaria.
El principal reto del plan será lograr una transición efectiva desde el control militar hacia un sistema administrado por el SNAI, evitando que los centros penitenciarios continúen siendo espacios utilizados por organizaciones criminales para coordinar actividades ilícitas.
