El tratamiento de una reforma legal enfocada en frenar el reclutamiento de menores por parte de estructuras delictivas avanza en la Asamblea Nacional, donde el texto está próximo a pasar a la fase de segundo debate.
La iniciativa propone cambios al Código Orgánico Integral Penal Código Orgánico Integral Penal con el fin de establecer sanciones más severas para quienes involucren a niños, niñas y adolescentes en actividades de grupos criminales o redes armadas. Las penas contempladas podrían incrementarse hasta 26 años de prisión en los casos más graves.
El proyecto recoge dos propuestas legislativas que fueron unificadas en un solo cuerpo normativo. Por un lado, la planteada por la asambleísta Valentina Centeno Valentina Centeno, y por otro, la presentada por Annabella Azín Annabella Azín, las cuales coinciden en la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado frente a este tipo de delitos.
Además del endurecimiento de sanciones, la reforma incorpora acciones de prevención y protección dirigidas a menores en situación de riesgo, así como procesos de atención especializada para su recuperación y reintegración social.
El texto también plantea una mayor intervención de los gobiernos locales en tareas de prevención comunitaria, junto con estrategias orientadas a mejorar la seguridad en entornos donde hay presencia de población juvenil.
De igual forma, se contemplan medidas para vigilar contenidos digitales que puedan facilitar el reclutamiento, así como mecanismos que permitan denunciar estos hechos de manera reservada para proteger a las víctimas y facilitar las investigaciones.
