La Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional dio luz verde, con el respaldo unánime de sus diez integrantes presentes, al informe que recomienda el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato. El documento, ahora en camino al Pleno legislativo, busca actualizar una normativa que data de décadas atrás para adaptarla a la dinámica actual del mercado inmobiliario urbano en Ecuador.
La propuesta introduce precisiones técnicas esenciales, como la sustitución de referencias obsoletas al antiguo Código de Procedimiento Civil por el Código Orgánico General de Procesos, junto con definiciones nítidas de arrendador y arrendatario. Se detallan los elementos indispensables de los contratos —ya sean escritos o verbales—, se refuerzan las obligaciones mutuas, las responsabilidades en reparaciones, las garantías y el registro obligatorio de acuerdos, con el propósito de reducir conflictos y aumentar la predictibilidad jurídica para ambas partes.
Uno de los aportes más destacados es la promoción de la mediación como vía preferente y voluntaria para resolver disputas antes de llegar a los tribunales, lo que podría descongestionar el sistema judicial. Además, se moderniza el régimen de sanciones, se actualizan mecanismos de subrogación y se eliminan referencias históricas a sucres, estableciendo ajustes automáticos en dólares alineados con la dolarización vigente.
El informe incorpora contribuciones recogidas de expertos, académicos, instituciones y ciudadanía durante el proceso de socialización. Tanto la presidenta de la Comisión, Rosa Torres, como el asambleísta Kevin Gallardo —quien impulsó la moción de aprobación— coincidieron en que la reforma responde a una necesidad real de la sociedad, equilibrando derechos y deberes entre propietarios e inquilinos sin alterar los fundamentos de la ley.
La mesa legislativa insta al Pleno a dar celeridad al análisis del proyecto, con miras a enriquecerlo mediante observaciones que perfeccionen su aplicación práctica y consoliden mayor seguridad en las relaciones arrendaticias del país.
