La madrugada de este viernes 6 de febrero, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Guayas en el marco del Caso Apagón, que investiga un presunto peculado en contratos de generación eléctrica firmados en 2024 entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen.
La Contraloría General del Estado determinó un perjuicio aproximado de USD 100 millones en los proyectos de Quevedo y El Salitral, según informe de auditoría. La investigación, iniciada en 2025, ya involucra al exgerente de Celec Fabián Calero, al exministro de Energía Antonio Gonçalves y al exviceministro de Electricidad Rafael Quintero, junto a otros funcionarios y representantes de la empresa privada.
Detalles del caso El Caso Apagón indaga presuntas irregularidades en la adjudicación, ejecución y liquidación de contratos para plantas de generación eléctrica que, según la Contraloría, generaron sobreprecios, pagos anticipados injustificados y falta de cumplimiento en plazos y especificaciones técnicas. Estos hechos habrían afectado gravemente al Estado en un momento crítico de crisis energética y apagones recurrentes en 2024-2025.
La Fiscalía no ha revelado detalles sobre los resultados de los allanamientos (incautaciones, documentos o nuevos procesados), ya que el proceso se mantiene en etapa de indagación previa con reserva de ley. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que se busca recolectar más elementos de convicción para fortalecer la imputación por peculado, asociación ilícita y posible lavado de activos.
Reacciones iniciales El Gobierno de Daniel Noboa ha calificado el caso como “un ejemplo de corrupción heredada” que afectó directamente a la ciudadanía con apagones y altos costos energéticos. Desde la oposición, Revolución Ciudadana ha calificado la investigación como “persecución política” contra exfuncionarios de su gestión, aunque los contratos cuestionados se firmaron en 2024 bajo la administración actual.
La Contraloría y la Fiscalía continúan el proceso. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas con información preliminar sobre los allanamientos y posibles nuevas vinculaciones.
