El atentado contra dos abogados en Machala ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad de los profesionales del Derecho en la provincia de El Oro, una de las más afectadas por la violencia ligada al crimen organizado. El Colegio de Abogados de El Oro (CAO) emitió un pronunciamiento en el que marca distancia entre la defensa legítima y cualquier conducta ilícita, mientras reconoce que el miedo se ha instalado entre los colegas.
El pronunciamiento del CAO
El presidente del gremio, Arturo Galarza, fue enfático al diferenciar roles: “El error del abogado hoy sería dejar de defender las causas justas y el derecho que corresponde a cada parte. No defendemos delitos ni estructuras criminales, defendemos el debido proceso que está en la Constitución”.
Galarza admitió que la inseguridad ha cambiado la forma de ejercer: “Ahora, como abogados, tenemos que cuidarnos absolutamente de todo. Es difícil incluso tomar ciertos casos porque se pone en juego el honor y la familia”.
El dirigente vinculó el problema a la falta de políticas públicas: “La inseguridad no solo está dentro del ejercicio profesional, sino en la ausencia de políticas que garanticen seguridad jurídica y condiciones para trabajar”.
Ética y riesgos en el ejercicio penal
El abogado en libre ejercicio Marcos Fabricio Illescas profundizó en el rol del defensor: “Nosotros no defendemos ni al culpable ni a la víctima, defendemos el debido proceso. El problema es que hoy no tenemos garantías para ejercer, porque uno sale a trabajar sin saber si después va a tener represalias por asumir una defensa”.
Illescas advirtió sobre errores comunes que generan conflictos: “A veces cometemos el error de prometer tiempos o resultados sin saber cómo se va a mover el proceso, y eso también genera conflictos”.
El penalista Carlos Luis Rodríguez llamó a fortalecer la protección: “La legislación debería extender medidas de protección a los abogados en riesgo, así como se otorgan en casos de violencia intrafamiliar. Si no hay seguridad, un profesional no puede ejercer libremente y eso perjudica a toda la ciudadanía”.
Rodríguez insistió en la objetividad ética: “Nuestra obligación es respetar el procedimiento, no manipularlo ni ofrecer salidas que no existen en la norma”.
¿Hay mecanismos de control en el gremio?
Galarza reconoció limitaciones: “Como Colegio no somos un órgano de investigación penal; tenemos procedimientos disciplinarios cuando existen denuncias por faltas éticas. Si hay indicios de delito, se remite a la Fiscalía. No podemos encubrir a nadie”.
Sin embargo, admitió que no existe un sistema preventivo: “No tenemos un protocolo que permita anticipar si un colega está inmerso en un acto ilícito; solo actuamos cuando hay una denuncia concreta”.
Esto deja a la profesión expuesta a estigmatización: “No se puede generalizar por hechos aislados. La mayoría de abogados trabaja dentro de la ley”.
Cifras del gremio en El Oro
El CAO estima que en la provincia hay cerca de 2.800 abogados afiliados, aunque solo entre 580 y 600 ejercen activamente. Galarza calcula que el número real podría superar los 5.000 si se incluyen no afiliados. El dirigente anunció que llevará el reclamo a instancias nacionales: “Voy a exponer esta preocupación ante organismos nacionales porque El Oro no puede seguir abandonado en materia judicial y de seguridad”.
Reacción de la Judicatura
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en El Oro rechazó el abandono de panfletos con amenazas en los exteriores del antiguo edificio de la Corte Provincial (calles Rocafuerte y Guayas, Machala). La institución aclaró que el inmueble está deshabitado desde el sismo de 2023 por daños estructurales, por lo que no hubo funcionarios ni usuarios expuestos. El director provincial, Cristian Andrade Barboto, presentó denuncia ante Fiscalía por presunto delito de terrorismo e intimidación.
Debate abierto
El atentado reavivó la discusión interna sobre los límites éticos y los riesgos personales al asumir defensas complejas. Muchos abogados reconocen que hoy evalúan no solo la viabilidad legal de un caso, sino también los riesgos para su integridad y la de su familia. El CAO insiste en que la generalización perjudica a la profesión y exige mayor protección estatal para quienes ejercen el derecho a la defensa.
